Una especialista asegura que regular este tipo de contenidos iría contra la Constitución y supondría «censurar la libertad de expresión»
Por María Hernández Solana
La red social OnlyFans ha vuelto a ser objeto de polémica tras hacerse virales las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que en una entrevista con The Huffington Post dijo que había descubierto la aplicación y que esta tenía «un componente perverso» y advertía a las personas jóvenes del peligro de las mafias que «las están vigilando».
La viralización en redes sociales de estas declaraciones de la ministra coinciden con la presentación por parte del PSOE de una proposición de ley para castigar el proxenetismo tras tener que dejar esta parte fuera de la ‘ley del solo sí es sí’ para que esta saliese adelante.
En esta propuesta, el partido quiere condenar con una multa de 12 a 24 meses «el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico».
Esto, aunque el partido ha insistido en que solo se centra en el proxenetismo y no en la pornografía u otros ámbitos, algunos expertos consideran que su redacción es confusa y que, por tanto, podría llegar a incluir las producciones audiovisuales pornográficas de las que se obtenga un beneficio económico.
«¿No es eso también una definición del porno?», apuntan en Twitter desde el bufete de abogados Almeida.
Si se extiende esta interpretación, la falta de claridad con la que está redactada la ley podría afectar también al contenido pornográfico que se publica en redes sociales como OnlyFans, donde los usuarios cobran por fotografías o vídeos, en muchos casos de contenido sexual.
Consultada sobre este aspecto por THE OBJECTIVE, la abogada Paloma Arribas, del despacho de abogados Baylos, asegura que «mientras que los contenidos sean legales, ahí nadie puede establecer ninguna censura».
Regular este tipo de contenidos, explica la abogada, supondría «censurar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental y que solamente se puede ver limitado por otros derechos fundamentales».
Apunta en este sentido al artículo 20 de la Constitución, que establece que «se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra».
«Mientras no se cometa ningún delito y no haya contenidos ilegales, no se debería poder regular desde el Gobierno o desde el poder legislativo esos contenidos, estarían ejerciendo de censores. Ahora mismo no cabe con la Constitución en la mano», insiste Arribas.
Por tanto, apunta, «si los usuarios aceptan libremente los términos y condiciones de la web, sus políticas de privacidad y todo lo que conlleva, pues aquí no hay nada que decir». Según explica la experta, un ejemplo parecido sería intentar acabar con la industria del cine porno, siempre que su contenido se produzca de manera libre y voluntaria.
Controlar delitos como la trata de personas
El peligro al que apuntaba la ministra de Justicia y contra el que el Gobierno quiere luchar es la relación que en muchas ocasiones hay entre los actos sexuales que se llevan a cabo por dinero y la trata de personas.
En este sentido, Arribas asegura que la legislación ya prevé mecanismos para condenar los hechos delictivos, tanto en las aplicaciones de este tipo como fuera de ellas.
En el caso de que se sospeche que detrás de un vídeo pornográfico, esté publicado donde esté publicado, hay un caso de trata de personas o que la persona lo está haciendo a través de un proxeneta, hay vías legales para obtener la información de parte de la plataforma correspondiente, explica la abogada.
«En el Reglamento General de Protección de Datos sí se prevé la posibilidad de comunicar a terceros la información si es en cumplimiento de una obligación legal, por tanto, si hubiera abierta una investigación policial o una obligación legal que impusiera al dueño de la plataforma divulgar esos datos, sí que podría hacerlo», señala.
Por eso, considera que regular este tipo de contenidos, ya sea en plataformas como OnlyFans o en la industria tradicional del porno, no es la manera de vigilar el proxenetismo o la trata de personas. «No podemos, por evitar que exista el delito, evitar que las personas decidan libremente poner un vídeo sexual».
